Reportaje · 03/03/2017
EL DERECHO A DENUNCIAR TRAS LAS REJAS
ESPECIAL CÁRCEL
Las personas privadas de libertad tienen derecho a realizar peticiones, quejas y denuncias al interior de los recintos penitenciarios. Sin embargo, la falta de información, el miedo a las represalias y la ausencia de sanciones efectivas desincentivan a los internos de hacer uso de este derecho, aseguran las organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado que trabajan directamente con los más de 41.600 reclusos del país.
Por Gabriela Campillo y Oriana Miranda

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"E un procedimiento me dispararon, me quebraron un hueso”, escucha César Pizarro por el auricular. Al teléfono, un interno desde una cárcel de Santiago, en una llamada que se repite con distintas voces desde los pasillos de diferentes recintos penitenciarios.

El celular de César Pizarro suena las 24 horas del día. Ahora tiene dos, en caso de que las llamadas sean simultáneas. Como presidente de la organización 81 Razones, formada tras el incendio en la cárcel de San Miguel, recibe mensajes y llamadas de los internos o sus familiares que denuncian torturas, apremios y traslados arbitrarios, o piden orientación para optar a beneficios carcelarios. Su organización canaliza esta información hacia el Ministerio de Justicia o la Defensoría Penal Pública y, cuando es necesario, visita a las familias de los reos.

“Ellos pueden ser víctimas de violación, de robo, de robo con intimidación, de golpizas, incluso de asaltos. La gente tiende a pensar que el preso pierde totalmente sus derechos y no es así. Un preso es igual que yo, sólo que está detrás del muro y el único derecho que pierde es la libertad”, explica Pizarro.

 

El derecho a petición

Las personas privadas de libertad pueden realizar denuncias y solicitar elementos relativos a la reclusión, como permisos de salida o más horas de agua al día. Este derecho está consagrado en la Constitución Política de la República, regulado al interior de las cárceles por el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y consignado en el Código Penal, que establece algunos delitos para quien impida su libre ejercicio. Actualmente, la única forma de acceder a este derecho es presentando un requerimiento ante los jefes de unidad, alcaides, o la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), atendida por un miembro de la misma institución, ya sea directamente o a través de algún familiar u organización.

En cifras de Gendarmería a diciembre de 2016, 41.697 personas estaban recluidas en un recinto penitenciario. La Cuenta Pública Participativa 2015 de la institución, publicada en abril de 2016, contabiliza 374 denuncias y/o requerimientos por vulneraciones a los derechos humanos de la población penal, 89 de ellas realizadas por los propios internos.

Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, asegura que “por lo menos el 80% de los internos sabe que tiene derecho a presentar reclamos o peticiones, desde cosas tan triviales como el ingreso de artículos de aseo o electrónicos, hasta beneficios carcelarios, postulaciones a beneficios o visitas conyugales”.

 

Pero las organizaciones que trabajan directamente con la población privada de libertad advierten que, en la práctica, el derecho a petición se usa muy poco y no funciona: el temor a las represalias, la falta de información y de regulación jurídica lo hacen casi invisible al interior de las cárceles.

 

Desprotección y miedo

“Es normal que te peguen un palo, es rutina diaria. A veces uno se demora en salir por estarse vistiendo y te pegan un charchazo o un palo”, relató un interno de Colina II a las cinco profesionales de la Casa Memoria José Domingo Cañas y ONG Leasur que publicaron el Informe de observación del Mecanismo Civil de Prevención de la Tortura.

En la visita de las observadoras al penal, el 7 de diciembre de 2016, varios internos refieren haber sido sometidos a lo que denominan “el bote” por días enteros: se trata de someter al individuo a una posición forzada, boca abajo, con las piernas flectadas hacia arriba, esposado de manos y pies por la espalda. “Otro nos muestra su cabeza rota, no quiere realizar denuncia, fue curado por sus compañeros, señala que es un riesgo hablar ya que después lo castigan por ello”, añade el informe.  

Situaciones como estas se repiten a lo largo de las cárceles del país. “No existen mecanismos efectivos de protección a internos cuando estos denuncian, son muy conocidas las represalias, entonces se inhiben de denunciar. Sólo existe un reglamento añejo que está a años luz de proteger sus derechos”, explica Macarena Albornoz, abogada de ONG Leasur.

A juicio de la organización, dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, el actual conducto regular no está siendo un mecanismo efectivo en la protección de las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad.

“No hay una función preventiva de violencia, no existe una capacitación a aquellos profesionales que reciben las denuncias en caso de tortura, tampoco se asegura que su investigación y su resultado sea imparcial, no tiene una tramitación rápida y tampoco entrega garantías de seguridad al denunciante mientras dure el procedimiento”, detalla el abogado Sergio Faúndez, subdirector de ONG Leasur.

Otro factor por el que este mecanismo no es utilizado por las personas privadas de libertad es, simplemente, porque la OIRS se encuentra fuera de su acceso. “Así ocurre, por ejemplo, en el centro penitenciario femenino de San Joaquín, donde las presas no tienen acceso a esta oficina de manera irrestricta y abierta”, asegura Sergio Faúndez.

La mayoría de las denuncias que recibe César Pizarro son por apremios ilegítimos y traslados arbitrarios, cuenta, pero el “dato duro” de esta realidad no existe, ya que Gendarmería no posee un sistema de seguimiento de las peticiones o denuncias.

“Efectivamente ahí hay una falencia grave de parte de la institución. No hay una evidencia en alguna base de datos o documento respecto a cómo se están tramitando estas peticiones. Ahí estamos fallando porque sí estamos atendiendo los requerimientos pero no dejamos constancia de ello”, reconoce Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería.

En 2012, Gendarmería creó la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, que hoy cuenta con 16 funcionarios a nivel nacional encargados de asesorar en la planificación y desarrollo de políticas y planes en materia de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

“Como somos pocos, no somos los suficientes como para estar constantemente visitando unidades y hablando con las personas, pero todas aquellas denuncias que llegan a través de la OIRS, cuando nosotros vamos y se acerca alguien, o a través de organismos de la sociedad civil, nosotros recibimos esos casos, los analizamos y emitimos un informe”, asegura Argentina Plaza, profesional de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.

Diego Reyes, psicólogo de la Unidad, reconoce que “a veces se hace un poco difícil y tenemos resistencia de parte de algunos funcionarios que no están tan informados. Algunos no conocen la normativa internacional y está en nuestras manos hacerla llegar a ellos y hacerles entender la necesidad y la responsabilidad que tenemos como Estado para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad”.

 

Denuncias sin respuesta

El procedimiento del derecho a petición tiene un plazo de 15 días para ser contestado y se debe informar al interno sobre el estado de su solicitud. Sin embargo, la norma no contempla una sanción en caso de que este plazo no se cumpla o de que el funcionario de Gendarmería pierda la petición o no la tramite.

“En general, los sumarios a gendarmes no terminan con sanciones. Incluso hay gendarmes que han sido condenados por malos tratos pero luego han borrado sus antecedentes y actualmente ejercen altos cargos en Gendarmería”, afirma Macarena Albornoz. Si bien la Fiscalía ha realizado protocolos para investigar hechos ocurridos al interior de las cárceles, puede delegar dicha investigación a los mismos organismos de Gendarmería.

“La realidad es que el preso termina cambiado de módulo o de cárcel. Si denuncia en la peni, lo dejan en Valdivia o en Puerto Montt para acallar su voz y pierde la fuerza de la gente que lo ayuda como nosotros, o trasladan al gendarme que le pegó y sigue después torturando a otros presos en otro lado. Los nombres son repetitivos, ya es conocida la gente que comete estos apremios ilegítimos en los recintos penales y lamentablemente que los den de baja es muy difícil”, asevera César Pizarro. 

La búsqueda de soluciones

La Defensoría Penal Pública (DPP) es una de las instituciones facultadas para resguardar el derecho a petición al interior de las cárceles. En 2011 creó la Defensoría Penitenciaria, una nueva área que cuenta con un equipo de abogados y asistentes sociales y se preocupa de resguardar los intereses, garantías y derechos de las personas privadas de libertad.

“Descubrimos un nicho de personas condenadas que no tenían un real ejercicio de su defensa. Antes todo era una nebulosa, pero ahora al menos sabemos cómo van las peticiones o nosotros mismos ingresamos peticiones por los internos”, explica Andrea Quinteros, coordinadora de la Defensoría Penitenciaria.

Sólo en 2016, la Defensoría Penitenciaria atendió 18.091 requerimientos de reclusos a nivel nacional, la mayoría de ellos por traslados y rebajas de condenas. “Pese a que es una situación muy habitual en las cárceles, es muy poco común que recibamos denuncias por maltrato o agresiones. Una de las razones puede ser por la desconfianza en el sistema y por las represalias que el interno puede sufrir: como no hay eficacia en el sistema, la denuncia va a quedar en nada y por lo tanto el gendarme o el recluso denunciado va a recibir la noticia y va a tomar medidas de fuerza en contra de esa denuncia”, explica Rodrigo Lillo, abogado del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública.

Esa es una de las principales preocupaciones de los defensores, que realizan charlas al interior de los recintos penitenciarios en las que educan a la población penal sobre sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer.

“Hoy día el ordenamiento interno de la cárcel es un sistema en base a la violencia y el abuso de poder, esas son las reglas que se imponen y nosotros estamos llamados a terminar con eso”, expresa Rodrigo Lillo. Para ello, la Defensoría Penitenciaria está mejorando su sistema de registro, haciendo alianzas con organizaciones de la sociedad civil y trabajando en una mesa con la Fiscalía para el mejor tratamiento de las denuncias de tortura.

Por su parte, ante las falencias de los actuales mecanismos de denuncia, ONG Leasur propone la creación de una unidad especializada en la recepción, estudio, sistematización y seguimiento de los reclamos y peticiones realizados por las personas privadas de libertad, a cargo de funcionarios de Gendarmería que no cumplan funciones de seguridad para no oponer a las distintas unidades ni afectar la independencia de la institución.

César Pizarro aprecia estas iniciativas: “Darles la dignidad que merecen estas personas, le moleste a quien le moleste, porque son nuestras personas, nuestros vecinos, nuestros ciudadanos. Quizás nos han robado y nos han hecho daño a nosotros mismos, pero podemos tratarlos de otra forma. Un ser humano encerrado tiene que ser digno”.

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