Reportaje · 25/02/2017
EL PROYECTO OLVIDADO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL
ESPECIAL CÁRCEL
Para juristas chilenos y alemanes, un año completo de trabajo está sumido en la ausencia. Documentos inubicables y actas reclamadas como inexistentes son el único rastro del proyecto de Ley de Ejecución Penal, que busca garantizar los derechos de la población penitenciaria . Un eslabón más en la Reforma Procesal, perdido y olvidado tras la implementación del nuevo sistema de justicia. Sin embargo, algunos de sus gestores no olvidan que la tarea aún está pendiente.
Por Catalina Gaete y Pedro Pablo Ramírez

Colaboran:

José (*)  cumplía su tercer año de presidio cuando el equipo de sus amores, Universidad Católica, la rompía de la mano del actual técnico de la selección, Juan Antonio Pizzi. Un amigo de la barra lo fue a visitar a la cárcel de Rancagua y le obsequió la camiseta del club autografiada por el plantel completo. La felicidad duró poco. A los pocos días, un gendarme amenazó a José con trasladar a uno de sus amigos a la celda de una de las bandas contrarias. La camiseta fue el precio que tuvo que pagar para evitar la desgracia.

 

Ya han pasado ocho años desde que José ingresó a la cárcel. Desde entonces, Julia (*), su madre, se preocupa de ir cada fin de semana a visitarlo, pero hay periodos en que su hijo le pide que no vaya, que no se moleste. La excusa es que irá un amigo o una pinche. Julia se angustia, dice que sabe que muchas veces lo hace para disimular las marcas de los castigos que le propina Gendarmería o de las peleas con una banda contraria.

 

Julia deja de ordenar la ropa cada dos minutos para mirar el celular. Espera una señal de su hijo, hace días no sabe de él. Se pasea por la cocina y comenta angustiada: “Estar preso significa que pierdes todos tus derechos”.

 

Ernesto (*) conoce esta realidad. Estuvo preso junto a José en la Cárcel de Rancagua donde se hicieron amigos para protegerse de las amenazas: “Una vez me pillaron un celular y me tiraron a los perros po’: hueones de otra celda que me pusieron contra la pared y me agarraron a palos”.

 

La historia que pudo haber cambiado

Los testimonios de Ernesto y José no son excepcionales. Aunque la Constitución señala que las personas que están recluidas sólo pierden los derechos establecidos en su sentencia, y que “su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres”, en la práctica no existe instrumento jurídico capaz de garantizar el ejercicio pleno de estos derechos. Un Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, promulgado el 22 de mayo de 1998, es el único soporte normativo que establece las reglas al interior de cárceles y centros de detención.

 

Entre sus artículos se establece, por ejemplo, que “ningún interno será sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, de palabra u obra, ni será objeto de un rigor innecesario”. No obstante, de acuerdo al mismo reglamento, la aplicación y supervisión de estas normas recae únicamente en los funcionarios de Gendarmería, arte y parte en el sistema carcelario, privando a la población penal de una institución autónoma e imparcial que cautele la protección de sus derechos.

 

Esta realidad estuvo cerca de cambiar. En el marco de la implementación de la Reforma Procesal Penal, la más importante transformación al sistema judicial en Chile, una Ley de Ejecución Penitenciaria intentó germinar entre el entramado de intereses y prioridades legislativas. Corría el año 2003 cuando el entonces embajador de la República Federal de Alemania envió una nota a Soledad Alvear, quien oficiaba como ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ricardo Lagos. “Tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia (...) el siguiente acuerdo sobre el proyecto “Reforma de la justicia”, escribió el diplomático Joachim Schmillen. “El objetivo del proyecto consiste en lograr que los actores de la justicia penal apliquen el nuevo procedimiento penal en consonancia con los principios del Estado de Derecho”, agregó.

 

Para dar cumplimiento a esta propuesta, la República Federal de Alemania se comprometió con el envío, “a sus expensas”, de expertos, asistentes, equipos de oficinas, equipos informáticos, libros y material didáctico, por un plazo total de hasta 48 meses. Como contraparte, Chile acordó aportar con profesionales nacionales y oficinas, junto a la dirección, planificación y control del proyecto conjunto.

 

El gobierno de Chile aceptó la propuesta, contrayendo un acuerdo con la República Federal de Alemania en febrero de 2004. El Decreto N°34, promulgado por Ricardo Lagos, establecía que entre las tareas encomendadas a los expertos alemanes, estaba la elaboración de “un nuevo derecho del menor y derecho penal juvenil, de la reforma del derecho penal material y del derecho penitenciario”. Entre los pormenores del proyecto, el Decreto N°34 también designaba a los organismos a cargo de ejecutarlo: la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia, por parte de Chile, y la agencia de cooperación para el desarrollo sostenible GTZ, por parte del gobierno de Alemania.

 

La comisión desconocida

En 2005, la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia estaba liderada por el psicólogo Decio Mettifogo. Bajo su dirección, en marzo de ese año, se instaló la Comisión de Redacción del Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal y fue conformada por juristas chilenos y especialistas de la GTZ. Además, se convocó a la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Instituto de Estudios Judiciales, el Ministerio Público y el Centro de Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile.

 

La comisión de redacción sesionó durante todo 2005. María Inés Horvitz, abogada, académica de la Universidad de Chile y consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), formó parte del equipo de expertos nacionales, asistiendo regularmente a las sesiones, las que según recuerda, se desarrollaron bajo un manto de discreción y reserva. “Todo esto se hizo de una manera bastante poco transparente. Ni siquiera hubo un acto oficial de constitución de la comisión. Todo fue solapado. La sensación fue de háganlo, pero lo más discretamente posible”, denuncia Horvitz.

 

Por su parte, Jörg Stippel, abogado alemán que integró la comisión en su calidad de experto en la formulación de políticas públicas carcelarias desde una perspectiva de derechos, recuerda que este fue un “proyecto ambicioso” y que “teníamos el respaldo de varios ministros, comenzando con (Luis) Bates” (sucesor de José Antonio Gómez en el Ministerio de Justicia). Sin embargo, la continuidad del proyecto se vio amenazada por una “institucionalidad muy precaria”, asegura, ya que “se van los ministros con los subsecretarios y cambian a todos los jefes de los departamentos (…) entonces cada vez hay que regresar al trabajo con el Ejecutivo, y ahí quizás el error que cometimos es que no involucramos desde el primer momento a más personas del Legislativo”.

 

Lo que pasaría después con el anteproyecto de Ley de Ejecución Penal encuentra correlación con las palabras de Jörg Stippel: el fruto de esta comisión nunca llegó al Parlamento. De acuerdo a María Inés Horvitz, el documento final fue entregado a las autoridades ministeriales, particularmente en manos de Decio Mettifogo, desde donde no volvió a tener noticias. “Ese anteproyecto se realizó, se ejecutó, se entregó al ministerio y nunca pasó nada. Quedó archivado, nadie tuvo mucho conocimiento, nunca se hizo un acto oficial y, al parecer, GTZ nunca pidió rendir cuentas”, asegura.

 

Las actas perdidas

Base Pública se comunicó telefónicamente y vía correo electrónico con Decio Mettifogo, actual coordinador del diplomado “Intervenciones Actualizadas con Adolescentes Infractores de la Ley Penal” de la Universidad de Chile. Pese a haber dirigido la Comisión de Redacción del Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, el exfuncionario de la cartera de Justicia no respondió a nuestras preguntas respecto a su participación en el proceso, y cuando fue consultado por la ubicación de las actas oficiales de la comisión, aseguró desconocer el sistema actual de almacenamiento de documentos ministeriales.

 

Ante esta respuesta, el 3 de junio de 2016 Base Pública realizó una solicitud de información al Ministerio de Justicia para acceder a todas las actas de la Comisión de Redacción, así como al presupuesto y a la nómina de funcionarios destinados a la operación de este proyecto. A nuestra solicitud, el Ministerio de Justicia respondió con una denegación de acceso a la información, asegurando que “los archivos requeridos no fueron hallados”. Un amparo ante el Consejo para la Transparencia fue interpuesto por Base Pública el 21 de julio de 2016, cuya decisión fue resuelta el 4 de noviembre del mismo año: se rechaza el amparo “debido a que el órgano acreditó que lo solicitado no obraba en su poder”.

 

Aunque la búsqueda continúa en el Archivo Nacional, el desconocimiento sobre la existencia de esta comisión de redacción resulta evidente. Incluso Luis Bates, ministro de Justicia durante el periodo 2005-2006, asegura que no la recuerda, y que las prioridades legislativas no han permitido que este tema esté entre las principales preocupaciones del Estado. “Era una idea razonable. Ahora, ¿qué pasó con el proyecto? No me acuerdo en este momento. Creo que simplemente han existido otras prioridades. Las agendas legislativas están muy sobrecargadas con prioridades que van más allá de estos temas”, afirmó.

 

Para Alicia Salinero, abogada de la Universidad de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado, “era un proyecto bueno porque trataba derechos y obligaciones y también trataba una judicatura especializada, incorporaba libertad condicional y otros instrumentos de reinserción social que actualmente están dispersos”, afirmó; reiterando las falencias de un sistema que no da cumplimiento a las obligaciones emanadas de tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

Con este olvidado anteproyecto de ley parecen haberse agotado las iniciativas del Ejecutivo, ya que no ha surgido moción similar durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet ni durante el mandato de Sebastián Piñera. Con el telón del desinterés político como catalizador para el olvido, Julia, la madre de José, lamenta: “Los chantajes, las golpizas y las vejaciones pasan siempre en la cárcel. Yo hablo todos los días con mi hijo para estar tranquila, pero ahora él está sin celular, se lo quitaron los gendarmes que son los mismos que se lo entregan. Ahora necesitamos 50 mil pesos para entrar un celular. Uno básico te sale 20 mil, un smartphone 50 o 80 lucas”, reclama angustiada, mientras mira nuevamente la pantalla de su teléfono esperando una señal de su hijo.

 

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