Opinión · 24/02/2017
LA URGENCIA DE UNA LEY DE EJECUCIÓN PENAL
ESPECIAL CÁRCEL
Se ha hablado varias veces de modificar el reglamento penitenciario. Quiero hacer hincapié en que no contar con una ley penitenciaria es mantenernos en una restricción de derechos inconstitucional. Mantenernos siempre en la dinámica de que aquí lo único que se puede tener es un reglamento que vamos a modificar es validar este estado de cosas inconstitucional.

Chile tiene exigencias internacionales, constitucionales y legales que señalan que toda restricción a los derechos de una persona privada de libertad, realizada por el Estado, debe estar establecida en una ley. Esta exigencia constituye una garantía a los derechos fundamentales de las personas que proviene del principio de legalidad y que se traduce en que no sólo las conductas delictivas, sus sanciones y el procedimiento penal que determina la responsabilidad de los individuos deben estar establecidas en una ley, sino que también el cumplimiento de las sanciones determinadas en dichos procedimientos, debe hacerse conforme a una norma de rango legal.

Pero Chile no tiene una ley de ejecución penal. Si los privados de libertad carecen de esta garantía fundamental sólo podemos concluir que sus derechos están devaluados, porque no tienen la misma protección que los derechos de otras personas que no estén condenadas ni privadas de libertad. Eso implica una afectación al principio de igualdad ante la ley, porque no todos los ciudadanos son tratados de la misma manera.

Mientras un reglamento debiera regular aspectos de gestión, clasificaciones de establecimientos penitenciarios y toda otra materia que no implique una limitación o restricción a un derecho fundamental, una ley de ejecución penal debe abordar cuestiones relativas al fin de la pena, a los principios que rigen su cumplimiento y a los derechos de las personas  recluidas. Además, es en la ley en que deben establecerse los criterios para el uso racional de la fuerza, para la segmentación de la población penal así como también los planes e instrumentos de intervención (permisos de salida, libertad condicional y rebaja de condena) para el cumplimiento de la finalidad de reinserción social. De suma importancia es que la ley también contemple un control judicial efectivo, a cargo de una judicatura especializada, con recursos y procedimientos claros.

Todos sabemos la necesidad de tener una ley de ejecución. Lo que quiero que nos cuestionemos es por qué no la tenemos y creo que no es simplemente una cuestión de rango normativo. Es una forma en que el Estado mira a las personas privadas de libertad en nuestro país. Si ellos no tienen la misma protección, en términos que son sometidos a un trato diferenciado en la protección de sus derechos y ese trato diferenciado no obedece a un criterio de necesidad, racionalidad ni persigue un fin legítimo, estamos ante un trato discriminatorio que afecta la igualdad ante la ley.

Quiero hacer hincapié en que no contar con una ley penitenciaria es mantenernos en una restricción de derechos inconstitucional. Mantenernos siempre en la dinámica de que aquí lo único que se puede tener es un reglamento –y no una ley- es validar este estado de cosas inconstitucional.

Lo que se establezca en un reglamento puede ser muy beneficioso para las personas privadas de libertad y podría ser incluso el mismo contenido que tuviera una ley. Pero insistir en que la única posibilidad es tener un reglamento, implica alejarnos cada vez más de la posibilidad de tener una ley y detrás de eso hay una visión determinada del Estado y de la sociedad respecto de las personas privadas de libertad.