Reportaje · 07/09/2017
SIN LIBERTAD NI SUFRAGIO: LA DOBLE CONDENA DE LOS REOS EN CHILE
Miles de personas privadas de libertad están habilitadas para sufragar y no pueden hacerlo, pese a que la Constitución les da ese derecho. Quienes trabajan en el tema, aseguran que esto impide la inclusión de los reos en la sociedad, a pesar de la intención de algunos de participar activamente en las decisiones políticas del país. Una serie de fallos de la Corte Suprema respalda esta garantía y obliga al Servicio Electoral y Gendarmería a tomar medidas.
Por Daniela Sánchez, Claudia Urquieta y Dominique Soriagalvarro

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“¿Qué le pedirías a la presidenta?”, decía el papelógrafo en la pared del sector Mandela en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Sentadas en círculo, 20 mujeres privadas de libertad discutían acerca de los derechos, deberes y valores fundamentales a considerar en la próxima Constitución.

En grupos de cinco personas, reflexionaban sobre cada tema. Una de las asistentes levantó la mano:

-Yo le diría a la Presidenta que las presas no estamos muertas, sólo estamos pagando el delito que cometimos. Nuestra opinión debiera ser escuchada. Sabemos que algunos candidatos presidenciales se han opuesto tajantemente al derecho a voto, pero no por haber estado preso uno deja de ser chileno. No podemos quedar al margen de decidir quiénes van a ser los gobernantes.

Este debate fue uno de los tantos que se vivieron en todo Chile entre abril y agosto de 2016, cuando se hicieron los Encuentros Locales en el desarrollo del Proceso Constituyente, para registrar opiniones respecto de aquello que debería abordar una nueva Constitución. Organizaciones como ONG Leasur y Tu Constitución, llevaron este impulso participativo a las cárceles de Santiago para incluir a las personas privadas de libertad.

-No es justo que no nos den oportunidades para salir y poder cambiar de vida. Nuestras vivencias también nos permiten tomar iniciativas políticas- señalaron las internas durante el encuentro.

 

Instancias como ésta reafirman un derecho garantizado constitucionalmente: toda persona que no esté condenada a una pena aflictiva (de 3 años y un día) es ciudadano y tiene derecho a votar. También pueden votar quienes cumplen prisión preventiva y no hayan sido acusados por delitos que merezcan penas aflictivas, o que la ley califique como delito terrorista.

No hay una cifra oficial de personas privadas de libertad que ostenten este derecho, ya que al solicitarla a Gendarmería señalan que, entre otras acciones, es necesario hacer un cruce con la base de datos del Servicio Electoral (Servel).

A priori, se calcula que son alrededor de 20 mil personas, pero esta cifra puede variar por una serie de razones.

Según información entregada a través de la ley de Transparencia por Gendarmería, al 29 de marzo de 2017, 14 mil personas (13.984)  se encontraban cumpliendo prisión preventiva, por lo que deberían estar habilitadas para poder votar. Pero esta cifra puede variar.

En principio todas estas personas podrían estar habilitadas para votar, pero este número no es exacto porque algunas podrían no contar con este derecho. Por ejemplo, si una persona es extranjera y no tiene derechos políticos en Chile. O alguien ha sido condenado previamente por un delito terrorista”, explica el abogado Ignacio Mujica, de la ONG Leasur, que se dedica a la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad.

Lo mismo sucede con los condenados a penas no aflictivas, que sumaban 6.299 a marzo de este año, ya que algunos de ellos podrían tener condenas previas por delitos terroristas o podrían estar además acusados por delitos que merezcan pena aflictiva, aclara el abogado.

Más allá de las cifras, lo cierto es que ninguna persona privada de libertad con derecho a coto puede hacerlo. Esto, porque el Servicio Electoral no ha constituido mesas de votación en las cárceles y no existen opciones alternativas como, por ejemplo, votar por correo.

Desde el Servel explican que están imposibilitados legalmente porque de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, “cada elector solo podrá ser asignado a una mesa receptora de sufragios y no podrá ser cambiado de ella mientras mantenga su domicilio electoral vigente en dicha circunscripción electoral”.

La investigadora y fundadora de la ONG Leasur, Isabel Arriagada, comenta que esta situación entrega a los reos dos tipos de mensajes: uno simbólico, en donde se les indica a los internos que su opinión no es valorada; y también uno psicológico: “¿Para qué vas a querer obedecer las leyes de una sociedad que te ha excluido?, ¿cuál va a ser tu confianza en la política si ni siquiera puedes ejercer tu derecho a elegir a tus políticos?”.

La experta agrega que con esto también se abre la puerta para que la clase política no priorice el tema como relevante, ya que al no ser una población votante no hay incentivos para que los parlamentarios y representantes pongan el problema en agenda.

Además de ser un derecho constitucional y estar garantizado por varios tratados internacionales, este derecho también ha sido respaldado por la Corte Suprema. En total son cuatro los fallos que van en esta línea -emitidos entre febrero y mayo de este año- luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tomara cartas en el asunto y arremetiera el 2016 con 8 recursos de protección en representación de casi 100 privados de libertad.

En sus fallos, el Máximo Tribunal ha dicho expresamente que el Servel y Gendarmería incurren en una ilegalidad, debido a que estas personas “mantienen incólume su derecho a sufragio como los demás ciudadanos”, por lo que ambas instituciones se encuentran obligadas a velar porque efectivamente puedan votar.

Por esta razón, se ordenó al Servel y a Gendarmería adoptar las medidas necesarias administrativas y de coordinación interinstitucional que garanticen que esto se cumpla.

Pese a ello, para las primarias de julio de este año no hubo cambios que en la práctica permitieran que los afectados votaran, como la instalación de mesas en los recintos penitenciarios. Todo apunta a que tampoco sucederá en las próximas elecciones presidenciales.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, relata que decidieron  acudir a la justicia  porque “en nuestras visitas a las cárceles, diferentes internos han señalado que quieren ejercer su derecho a voto (…) Que esto no se cumpla atenta contra los derechos humanos de las personas”.

Es el caso de Orlando Mandiola, imputado del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, que asegura que “todos tenemos el derecho a votar sin discriminación. No importa si estamos presos o no estamos presos”.

Para Mario Morales, que se encuentra en el mismo centro, es importante que puedan ejercer su derecho a votolisten porque nosotros privados de libertad también necesitamos votar porque sabemos que el país está mal”.

Los recursos de protección presentados por el INDH detallan que “se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley así como la libertad de expresión, porque  el derecho a voto es una de las formas de poder emitir una opinión y es uno de los derechos de participación política más importante en una democracia”.

Este año el equipo del INDH presentó 12 nuevos recursos de protección, sumando 264 casos.

“Lo que esperamos es que no ocurra lo mismo que con las isapres, donde los tribunales superiores de justicia van acogiendo casos por las alzas unilaterales de los planes, pero no se adoptan medidas para solucionar el problema de fondo”, explica Bustos.

El abogado agrega que en este caso “hay un problema de fondo relevante, y es que ciudadanos de nuestro país quieren ejercer su derecho a voto tal como está contemplado en la Constitución y los tratados internacionales, y los órganos del Estado no están adoptando las medidas para que ello se cumpla”.

Desde el Servel, señalan que para abordar el tema se creó una mesa de trabajo junto a representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, y representantes de Gendarmería.

¿Qué avances ha tenido esta instancia?

Según el Servicio Electoral, “luego de algunas coordinaciones efectuadas entre las instituciones con motivo de las elecciones primarias, se establecieron principalmente las medidas que se pueden adoptar en la actualidad, considerando el marco normativo vigente, siendo uno de los temas considerados, una eventual modificación legal en este sentido”.

Modificación que tendría que ser impulsada por el Ejecutivo.

Desde el servicio aseguran que han cumplido con el fallo de la Corte Suprema, ya que ante la imposibilidad legal de disponer de mesas receptoras de sufragios en un recinto penitenciario para las primarias del 2 de julio, se solicitó a Gendarmería que informara si las personas privadas de libertad incluidas en los recursos de protección presentadas por el INDH se encontraban recluidos.  Y de ser así, que detallaran las medidas que se implementarían para permitir su derecho a sufragio,  “particularmente, para su posible traslado a los locales de votación”.

Además, explican que se detalló a Gendarmería el domicilio electoral, la mesa receptora de sufragios y los locales de votación que corresponden al domicilio electoral donde estas personas debían emitir el voto.

En la práctica, ninguna de estas medidas se tradujo en que alguno de los afectados pudiera ejercer su derecho a sufragio.

Consultados al respecto, Gendarmería declinó referirse al tema.

Aunque en Chile el derecho a voto de los presos no se ha concretado, existen referentes internacionales en esta materia, como el caso de España, en donde los internos pueden votar por correo; o Canadá, que en 2002 permitió su voto, con excepción de condenas específicas. En Latinoamérica, Costa Rica permite el voto de personas privadas de libertad desde 1998; Argentina modificó el Código Electoral Nacional en 2011 para permitir el sufragio de personas en prisión preventiva; mientras Colombia, Perú, Venezuela y Brasil ampliaron el derecho a voto para personas que aún no tienen condena.

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