Opinión · 06/09/2017
SÓLO UNA INSTITUCIÓN NO PUEDE HACERSE CARGO DE LA REINSERCIÓN
Olga Espinoza, directora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile.
No se debe pensar que sólo las instituciones públicas deben hacerse cargo de la reinserción, porque los beneficios de una persona inserta positivamente son de toda la comunidad

Cuando hablamos de reinserción social nos referimos a un concepto en el que solemos incluir a cualquier tipo de actividad que se desarrolla al interior de la cárcel. Pero no todo lo que se hace dentro de la cárcel es reinserción. Si se analiza en detalle, se puede verificar que en Chile, y en todos los países de la región, se desarrollan diversas actividades de índole recreativa, deportiva o educativa, pero no todas tienen un foco en la reinserción, sino más bien en la ocupación del tiempo libre dentro de la cárcel.

 En Chile, hemos implementado una política nacional de seguridad pública que desde hace 15 años ha identificado la reinserción social como uno de sus ámbitos principales. Sin embargo, la mayor parte de las veces el abordaje de este ámbito ha sido tangencial, sin contemplar una estrategia que apunte a su desarrollo integral. Es necesario observar la reinserción social holísticamente, considerando a cada uno de los actores que forman parte del sistema de justicia y los componentes de su trabajo, con miras a identificar como éstos pueden contribuir en la reinserción de las personas en conflicto con la ley. Se ha concentrado la responsabilidad de este importante ámbito de la seguridad y la política criminal sólo en Gendarmería y es insólito, injusto e ineficiente imaginar que una única institución se va a hacer cargo de un problema tan complejo como la reinserción social. Bajo esa lógica, Gendarmería debería integrar a instituciones especializadas, apoyándose en estructuras como la que se propuso a través del Servicio Nacional de Reinserción Social, para llevar a cabo esta tarea.

No obstante, no se debe pensar que sólo las instituciones públicas deben hacerse cargo de la reinserción, porque los beneficios de una persona inserta positivamente son para toda la comunidad. En sentido opuesto, si una persona que sale de la cárcel vuelve a delinquir generará un perjuicio en toda la comunidad. Por lo tanto, ¿nos quedaremos solamente como observadores o contribuiremos efectivamente para que esa persona tenga posibilidades reales de insertarse?

El escenario es complejo. En el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile generamos una iniciativa de apoyo post penitenciario con énfasis local en comunas específicas, interesadas en estar preparadas para recibir a las personas que egresan de la cárcel. Una de las mayores frustraciones que tuvimos en la implementación de este proyecto (llamado “Volver a Confiar”) fue que, salvo la Iglesia Evangélica, no había instancias comunitarias interesadas en acoger a estas personas, intensificando su aislamiento y vulnerabilidad.

En otros países existen algunas iniciativas interesantes de involucramiento de la comunidad en el retorno de las personas ex presas a sus comunidades. En Brasil, por ejemplo, existen jueces de ejecución penal y son ellos quienes convocan a diferentes actores para que sirvan de conexión entre la cárcel y el medio libre, ejerciendo como fiscalizadores de lo que sucede en la cárcel, pero también como facilitadores de la conexión con las redes sociales, a través de los Consejos de la Comunidad. Asimismo, se pueden observar en la experiencia anglosajona, que la comunidad, a través de voluntarios, ONGs y diverso tipo de organizaciones sociales, participan activamente apoyando el tránsito de la cárcel a la sociedad, promoviendo así mejores procesos de reinserción. Ese es nuestro desafío.