ESPECIAL ORGULLO ANCESTRAL

10 años del convenio 169




Créditos foto
Camilo Escobar

Este año se cumple una década desde que Chile firmó el Convenio 169 con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que da un marco regulatorio para el desarrollo y protección de los pueblos originarios. Desde entonces, las comunidades indígenas han usado este reglamento para obligar al Estado y privados a consultarles antes de realizar algún proyecto en territorio considerado ancestral. ¿Qué se ha logrado y qué desafíos vienen? Tres expertos analizan esta normativa.


HISTORIA


En el 2008 el gobierno de Michelle Bachelet firmó una serie de reglamentos con la OIT para regular el trabajo en el país. Dentro de estos documentos iba un anexo con el número 169, que hablaba sobre la integración de los pueblos indígenas independientes. En este convenio, se obliga al Estado a realizar consultas a los pueblos originarios cuando sus futuros proyectos (y los de organismos privados) afecten directamente a estos pueblos. A pocos meses de cumplir 10 años de aprobación, el Convenio 169 ha sido un aliado legal que han tenido los pueblos originarios para defender su territorio de proyectos públicos y privados. Sin embargo, la gran mayoría de las veces los tribunales han fallado en su contra. De 80 peticiones registradas en este decenio, sólo 6 han favorecido a pueblos originarios, mientras que 39 proyectos, entre públicos y privados, fueron aprobados para su construcción y 35 aún se están tramitando.

Historial de proyectos presentados que involucran a comunidades indígenas








Pero no todo ha sido malo. Para la investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), Maite de Cea, antes de este convenio no había ningún normativa legal que regulara las consultas previas a pueblos indígenas.


MAITE DE CEA

Investigadora del CIIR

La ley Indígena (1993) no especificaba el tema de la consulta, solo habla de participación de las organizaciones indígenas en su artículo 35, diciendo que cuando el Estado trate materias que se relacionen con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las comunidades que reconoce la ley.

De Cea, además agrega que aunque el convenio 169 no es un instrumento jurídico vinculante, es el documento que avanza más en los derechos de los pueblos originarios y debiera orientar las políticas indígenas de Chile.

Respecto a la implementación de esta normativa, la investigadora comenta que este artículo pasó por diversas etapas antes de ser implementado en el país.

La primera fue la promulgación inconsulta del Decreto 124 de MIDEPLAN, en el año 2009, artículo que fue derogado y reemplazado por dos reglamentos de carácter complementario. Uno es el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene por finalidad regular y reglamentar los procesos de consulta indígena de carácter institucional. El segundo reglamento tiene que ver con el Decreto Supremo 40 del Ministerio del Medio Ambiente, que regula los procesos de Consulta Indígena al interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), específicamente para proyectos de inversión en territorio indígena.

UNA MIRADA DESDE LAS COMUNIDADES

Desde que se promulga esta ley hasta la fecha, lo que se ha aplicado carece de participación y de un estándar adecuado. Solo se han hecho un par de consultas indígenas que la mayoría de las veces no han servido para nada. El convenio de la OIT es un gran desafío que seguimos esperando por el Estado de Chile ya que es una gran oportunidad para tener un diálogo directo con todos los pueblos originarios que habitan en el país.


WILSON REYES

Representante del pueblo
Atacameño ante Conadi



CASOS DESTACADOS


CASO 1

FORESTAL PALERMO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

En 2008 la Forestal Palermo presentó un proyecto para utilizar los fundos Palermo Chico y Palermo Grande, ubicados en la comuna de Padre de las Casas. La Machi Francisca Linconao interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco contra la empresa, acusándolos de corte ilegal de árboles y arbustos nativos. La machi argumentó, además, que junto con la corta de especies nativas, se procedió a la plantación de especies exóticas, lo que estaría en contradicción con el DL 701, el cual busca mantener el número de hectáreas plantadas con bosques nativos. Añadió que esto se veía agravado por la existencia de comunidades indígenas colindantes, con bosques ancestrales, y la contaminación de manantiales considerados como sagrados por parte de las comunidades, sumándose a ello, la proliferación de especies exóticas donde antiguamente recogían las yerbas medicinales. El recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones, prohibiendo a la empresa talar especies nativas en un sector definido por manantiales.


CASO 2

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTA ARAUCO

Este proyecto tuvo la finalidad de aumentar la capacidad de producción de la Celulosa Arauco a través de mejoras en las instalaciones actuales, como una nueva línea de producción y de transmisión eléctrica que estaría conectada al Sistema Interconectado Central. El proyecto ingresó al SEIA en abril de 2012, obteniendo una aprobación favorable en febrero del 2014, y reconoció que se generarían impactos significativos alterando los sistemas de vida y costumbres de grupos indígenas, por lo que se hizo un proceso de consulta a los pueblos originarios. Pero las comunidades mapuche del sector interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción en contra del SEA de la Región del Biobío, argumentando que el proyecto carecía de legitimidad, ya que no hicieron válidas las resoluciones que se hicieron en los mecanismos de consulta y participación. A pesar de esto, el proyecto forestal siguió adelante.
(Fuente: OIT)


CASO 3

PLAN REGULADOR DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ANTOFAGASTA

En 2010 la Municipalidad de San Pedro de Atacama ingresó un proyecto para actualizar su Plan Regulador, el cual fue aprobado por el SEIA. La Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños y la Comunidad Atacameña Toconao, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de la COREMA de la región, argumentando que el proyecto afectaba a las comunidades indígenas quienes no fueron consultadas por este cambio. El recurso, luego de varios rechazos en contra de las comunidades, fue aprobado un año después de su ingreso al SEIA.


MIRADAS OPUESTAS


JUAN PABLO LEPIN

Presidente de la Multigremial Araucanía

¿Cree actualmente que el convenio 169 de la OIT, ha ayudado a las comunidades indígenas a defender el territorio que habitan? ¿Cómo ha afectado al empresariado?

El convenio 169 en su normativa no es autoejecutable, esto quiere decir que necesita legislación interna que regule sus normas. Por lo que actualmente en Chile a mi opinión lo único que causa obligación de este Convenio es la consulta indígena.

Yo sostengo que el Convenio ha sido mal utilizado por las comunidades, ya que lo usan como una herramienta de veto fáctico para proyectos que benefician a la población en general. Por ejemplo, el aeropuerto de Temuco estuvo meses paralizado, la construcción del puente a Padre las Casas, la construcción de la doble vía Temuco-Labranza, y así muchos otros proyectos. Con la invocación del Convenio se paralizan las obras y luego las comunidades terminan negociando sus condiciones que muchas veces tienen que ver con obtener créditos económicos. Esto pasa también en proyectos eólicos, hidroeléctricos, mineros, etc. El punto para mí es que ellos no son dueños, poseedores ni nada respecto de un territorio, sólo son dueños de un terreno igual que cualquiera de nosotros. Por lo que haga mi vecino en terrenos de su propiedad, comprende su derecho y no un derecho colectivo sobre un abstracto.

Creo que bajo la consigna de “defensa de territorios”, la defensa es para los intereses de ellos y no de la ciudadanía en general, le hacen un flaco favor a esta normativa internacional.


RICHARD CAIFAL

Director Corporación
de Profesionales Mapuche Enama

¿Cree que esta normativa es eficiente para la defensa de las tierras de los pueblos originarios?

Más que eficiente, es la única que hay en el país en materia de defensa del territorio. Ha ayudado a algunas comunidades a hacerse respetar (ver recuadros), pero la mayoría de las veces se han construido mineras y termoeléctricas al lado del territorio, lo que ha afectado claramente la calidad de vida de estos pueblos. El sistema de consulta además es prolongado, hay muchos proyectos que aún están en revisión.

¿Cuáles son los desafíos que tendrá el Estado para implementar completamente el Convenio 169?

El Convenio 169 no ha sido implementado en su totalidad. La adquisición de predios y ampliación de estos, protección de patrimonio, fomento de la cultura e integración multicultural, son los puntos que toca este documento y que aún el Estado no ha implementado a cabalidad. Ese es el principal desafío de este gobierno.

El proceso que sí se ha utilizado es el de consulta, y debería seguir perfeccionándose para así tener un elemento legal con los que los pueblos originarios puedan defender su territorio.


LO QUE VIENE

Ante los dichos de integrantes del comando del ahora presidente Sebastián Piñera de que este año Chile podría renunciar al convenio 169 de la OIT, la institución internacional explicó a Base Pública que recién el 2021 se reafirma este Convenio y esperan que Chile siga implementándolo, ya que debido a los últimos acontecimientos (como la Operación Huracán) urge un trabajo más integral con los pueblos originarios. Le preguntamos a la investigadora de CIIR, Maite De Cea, cuáles son los desafíos que vienen para el convenio 169 de la OIT:

¿Qué políticas públicas son necesarias para que exista un desarrollo real de los pueblos originarios chilenos?

Para que exista un desarrollo real de los pueblos indígenas en Chile hay que empezar por reconocer que existen como pueblos. No me quedaría solo en reconocer que el país es un Estado multicultural, sino derechamente reconocer –a nivel constitucional– que en este Estado conviven una pluralidad de pueblos. Una vez que se reconozca esto en la Constitución, hay que implementar una serie de políticas que avancen en los derechos de los indígenas: aprobar una institucionalidad que represente a los pueblos que habitan el territorio chileno, pensar en que tengan representación política en el parlamento (se puede de distintas formas, como cuotas, escaños reservados, etc.), modificar y perfeccionar los instrumentos que regulan la consulta indígena, avanzar en las políticas de interculturalidad real en educación, salud, vivienda, entre otros. En este momento debemos centrarnos en defender la permanencia de Chile en el Convenio 169 de la OIT, porque es el marco que ordena la acción local y defiende los derechos de los pueblos indígenas, aunque la reglamentación tenga deficiencias.






Necesitamos tu apoyo para hacer un periodismo ciudadano de calidad